No quebranta derechos de ciudadanos, ley Anti Halconeo |

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• La reforma busca impedir el espionaje a cuerpos de seguridad. La libertad de prensa y el acceso a la información no están en riesgo por la nueva normativa.

La reforma impulsada por el Poder Ejecutivo de San Luis Potosí para fortalecer el sistema legal, conocida como la ley “Anti Halconeo”, tiene como objetivo central evitar el espionaje a los cuerpos de seguridad del Estado por parte del crimen organizado. Es falso que esta normativa busque restringir derechos ciudadanos como la libertad de prensa, el acceso a la información u otros derechos constitucionales, afirmó el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez.

El funcionario precisó que la ley sancionará prácticas como la vigilancia, seguimiento, obtención y comunicación ilícita de información operativa de los cuerpos de seguridad, cuando estas acciones tengan como finalidad cometer delitos, facilitar actividades delictivas o evadir la acción de la justicia.

En la nueva figura legal, subrayó, se establece con claridad que quedan excluidas de este tipo penal las actividades legítimas realizadas en ejercicio de los derechos humanos, la libertad de prensa, el derecho de asociación y el acceso a la información.

“Esto aplica siempre y cuando dichas actividades no tengan fines delictivos, no ocasionen un daño directo ni pongan en riesgo la vida de los integrantes de los cuerpos de seguridad pública”, puntualizó.

El secretario destacó la importancia de esta modificación al Código Penal del Estado para proteger el orden público, la paz social y los derechos humanos de las personas.

“El Estado busca únicamente evitar que se proporcione o recopile información sobre las acciones y operaciones de los cuerpos de seguridad pública que pudiera interferir en sus labores. La ley ahora es clara: se prohíbe la instalación o uso de dispositivos tecnológicos no autorizados para vigilar, seguir o interceptar sus comunicaciones”, explicó.

De acuerdo con la reforma, el delito de halconeo será sancionado con penas de prisión de cinco a 12 años, además de una multa de entre 500 y 1,200 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).

“El delito se configura cuando un particular utiliza cualquier medio o dispositivo para cometer o facilitar la ejecución de un delito tipificado en las leyes locales”, detalló Torres Sánchez.

Asimismo, agregó que la reforma contempla sancionar a quienes obstaculicen las labores de los cuerpos de seguridad en lo que respecta a la vigilancia, monitoreo, transmisión o seguimiento físico o virtual de sus operaciones.

“Estas conductas son graves porque impiden que los cuerpos de seguridad cumplan su tarea principal: brindar seguridad y tranquilidad a las y los potosinos. Además, vulneran información que puede ser entregada a grupos criminales, afectando la lucha contra la delincuencia”, concluyó.